Bajo el lema "Imputabilidad: un paso atrás para los derechos humanos. Lo que hay que cambiar es el modelo", la CTA Paraná emitió un documento fijando su posición contraria a la baja en la edad de imputabilidad de los menores.
A continuación, el texto de la declaración firmada por Ricardo Sánchez y Mauricio Castaldo, secretario general y de Derechos Humanos de la Central de Trabajadores de la Argentina de Paraná:
"Creemos que es muy importante, en este momento, marcar nuestra posición política con respecto al debate que se está dando sobre la baja a la edad de imputabilidad. En primer lugar, no acordamos y lamentamos las afirmaciones de la Presidenta de la República, quién entiende -por un lado- que «parece lógico reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años», y por el otro, que «de todas maneras la baja de edad no resuelve nada» y que «se necesitan buenas instituciones policiales, judiciales y educativas».
Lamentamos que, quienes dicen ser parte de un pensamiento nacional y popular abandonen tan abruptamente aquella consigna histórica expresada por el propio Juan D. Perón y la abanderada de los humildes Evita, quienes supieron firmar y proponer que en Argentina los únicos privilegiados debían ser los niños.
La lógica que la presidenta expresa, junto a buena parte del arco político argentino, es la lógica conservadora de las políticas neoliberales, que tanto han castigado a nuestro pueblo. Es la lógica perversa que se expresa, de una parte, por no intentar modificar las estructuras profundas de un poder económico y social concentrado y excluyente, y por el otro, profundizar el castigo, el disciplinamiento social y la represión a quienes son parte de las consecuencias del propio modelo económico y político injusto, marginador, empobrecedor, excluyente y corrompido de tal manera en buena parte de sus instituciones que cierra fuertemente la salida a la descomposición social.
Y no entendemos entonces, si la baja de edad no soluciona nada -cuestión que nosotros también afirmamos, pero con otros fundamentos-, para qué la presidenta habla de la «lógica de bajarla». Necesitamos un debate político, social y de Estado más serio, más coherente y más profundo. Lo mismo cuando discutimos sobre mejores instituciones: ya es tiempo de que el gobierno argentino deje de comentar la realidad y piense democráticamente políticas para transformarla.
No coincidimos también con algunas voces supuestamente opositoras que, en el fondo, expresan la misma lógica política excluyente y conservadora. Tal el caso de aquellas y aquellos que irresponsable y retorcidamente dicen que «si los menores fueran a juicio dirían para quién roban y caerían políticos». El sistema político, la justicia y la sociedad deberían usar y/o construir las herramientas y las luchas necesarias para generar derechos y justicia, sin encerrar cobardemente a los menores de edad, marcándolos como chivos expiatorios.
Disentimos con la Presidenta y con los dirigentes que piensan como ella o parecido a ella, en pensar que el Régimen Penal Juvenil y la baja de la edad de imputabilidad son «una adecuación a los tiempos». En realidad, son una adecuación al pasado, son una lamentable continuidad de la lógica ideológica dominante de los ‘90, y un paso atrás para los derechos humanos en Argentina.
Lamentamos profundamente que, desde los asesinatos políticos a Mariano Ferreyra, Roberto López y Sixto Gómez (en Formosa) y la represión a los sin techo y sin tierra que peleaban por un poco de dignidad en el Parque Indoamericano, el debate político y mediático argentino se ha derechizado tanto que ya nadie habla, ni puede decir, ni pedir -desde los sectores oficialistas- que «no se le haga el juego a la derecha».
Nos preocupa y nos alarma también que buena parte de la sociedad argentina caiga en esta lógica política simplista y excluyente, y que ya haya bajado de hecho la edad de imputabilidad. Toda la sociedad debe superar la estrechez de las simplificaciones y las generalizaciones, que sólo tienen por consecuencia el incremento de los dramas sociales, de la injusticia y de la complicidad cobarde con políticas opresivas -ahora contra los menores- que sólo llevan al desarrollo del círculo vicioso de la desigualdad, la supervivencia como se pueda, y la frustración.
El pueblo debe pensar y luchar por sus propias prioridades y no por las que se intentan imponer desde el poder. Una sociedad cobarde se agrede a sí misma, una sociedad lúcida y valiente lucha unida por un horizonte mejor.
Para nosotros, el hambre es un crimen y ningún pibe nace chorro, ningún gurí nace ladrón. La CTA propone hoy pensar otras prioridades urgentes, para empezar a generar justicia distributiva real, tales como la verdadera universalización de la asignación por hijo, y un seguro de empleo y formación, entre otras cosas.
En Túnez, en Egipto, como en Bolivia, Venezuela, y como en muchos lugares de Nuestra América y del mundo, los pueblos no les echaron la culpa a los jóvenes de los problemas políticos y sociales, si no que salieron juntos a pelear por un futuro distinto, con libertad, dignidad y justicia.
En Argentina, necesitamos cambiar el modelo político y económico, y no profundizar el actual. La educación de los jóvenes es fundamental, pero ella sola no basta: necesitamos generar una serie de transformaciones estructurales, políticas, económicas, sociales y culturales, donde la devolución de recursos y de poderes a las provincias y la propia superación del concepto subordinado de provincia, sea uno de los ejes y una de las claves de reconstrucción de la soberanía particular de los pueblos y de un federalismo auténtico con justicia económica y social. Necesitamos generar desde abajo, desde la recomposición de fuerzas del campo popular, desde la acción directa autónoma, y desde la movilización social solidaria, un verdadero proceso de revolución democrática y social liberadora".
* Equipo de Comunicación de la CTA Paraná
Fuente / Río Bravo
A continuación, el texto de la declaración firmada por Ricardo Sánchez y Mauricio Castaldo, secretario general y de Derechos Humanos de la Central de Trabajadores de la Argentina de Paraná:
"Creemos que es muy importante, en este momento, marcar nuestra posición política con respecto al debate que se está dando sobre la baja a la edad de imputabilidad. En primer lugar, no acordamos y lamentamos las afirmaciones de la Presidenta de la República, quién entiende -por un lado- que «parece lógico reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años», y por el otro, que «de todas maneras la baja de edad no resuelve nada» y que «se necesitan buenas instituciones policiales, judiciales y educativas».
Lamentamos que, quienes dicen ser parte de un pensamiento nacional y popular abandonen tan abruptamente aquella consigna histórica expresada por el propio Juan D. Perón y la abanderada de los humildes Evita, quienes supieron firmar y proponer que en Argentina los únicos privilegiados debían ser los niños.
La lógica que la presidenta expresa, junto a buena parte del arco político argentino, es la lógica conservadora de las políticas neoliberales, que tanto han castigado a nuestro pueblo. Es la lógica perversa que se expresa, de una parte, por no intentar modificar las estructuras profundas de un poder económico y social concentrado y excluyente, y por el otro, profundizar el castigo, el disciplinamiento social y la represión a quienes son parte de las consecuencias del propio modelo económico y político injusto, marginador, empobrecedor, excluyente y corrompido de tal manera en buena parte de sus instituciones que cierra fuertemente la salida a la descomposición social.
Y no entendemos entonces, si la baja de edad no soluciona nada -cuestión que nosotros también afirmamos, pero con otros fundamentos-, para qué la presidenta habla de la «lógica de bajarla». Necesitamos un debate político, social y de Estado más serio, más coherente y más profundo. Lo mismo cuando discutimos sobre mejores instituciones: ya es tiempo de que el gobierno argentino deje de comentar la realidad y piense democráticamente políticas para transformarla.
No coincidimos también con algunas voces supuestamente opositoras que, en el fondo, expresan la misma lógica política excluyente y conservadora. Tal el caso de aquellas y aquellos que irresponsable y retorcidamente dicen que «si los menores fueran a juicio dirían para quién roban y caerían políticos». El sistema político, la justicia y la sociedad deberían usar y/o construir las herramientas y las luchas necesarias para generar derechos y justicia, sin encerrar cobardemente a los menores de edad, marcándolos como chivos expiatorios.
Disentimos con la Presidenta y con los dirigentes que piensan como ella o parecido a ella, en pensar que el Régimen Penal Juvenil y la baja de la edad de imputabilidad son «una adecuación a los tiempos». En realidad, son una adecuación al pasado, son una lamentable continuidad de la lógica ideológica dominante de los ‘90, y un paso atrás para los derechos humanos en Argentina.
Lamentamos profundamente que, desde los asesinatos políticos a Mariano Ferreyra, Roberto López y Sixto Gómez (en Formosa) y la represión a los sin techo y sin tierra que peleaban por un poco de dignidad en el Parque Indoamericano, el debate político y mediático argentino se ha derechizado tanto que ya nadie habla, ni puede decir, ni pedir -desde los sectores oficialistas- que «no se le haga el juego a la derecha».
Nos preocupa y nos alarma también que buena parte de la sociedad argentina caiga en esta lógica política simplista y excluyente, y que ya haya bajado de hecho la edad de imputabilidad. Toda la sociedad debe superar la estrechez de las simplificaciones y las generalizaciones, que sólo tienen por consecuencia el incremento de los dramas sociales, de la injusticia y de la complicidad cobarde con políticas opresivas -ahora contra los menores- que sólo llevan al desarrollo del círculo vicioso de la desigualdad, la supervivencia como se pueda, y la frustración.
El pueblo debe pensar y luchar por sus propias prioridades y no por las que se intentan imponer desde el poder. Una sociedad cobarde se agrede a sí misma, una sociedad lúcida y valiente lucha unida por un horizonte mejor.
Para nosotros, el hambre es un crimen y ningún pibe nace chorro, ningún gurí nace ladrón. La CTA propone hoy pensar otras prioridades urgentes, para empezar a generar justicia distributiva real, tales como la verdadera universalización de la asignación por hijo, y un seguro de empleo y formación, entre otras cosas.
En Túnez, en Egipto, como en Bolivia, Venezuela, y como en muchos lugares de Nuestra América y del mundo, los pueblos no les echaron la culpa a los jóvenes de los problemas políticos y sociales, si no que salieron juntos a pelear por un futuro distinto, con libertad, dignidad y justicia.
En Argentina, necesitamos cambiar el modelo político y económico, y no profundizar el actual. La educación de los jóvenes es fundamental, pero ella sola no basta: necesitamos generar una serie de transformaciones estructurales, políticas, económicas, sociales y culturales, donde la devolución de recursos y de poderes a las provincias y la propia superación del concepto subordinado de provincia, sea uno de los ejes y una de las claves de reconstrucción de la soberanía particular de los pueblos y de un federalismo auténtico con justicia económica y social. Necesitamos generar desde abajo, desde la recomposición de fuerzas del campo popular, desde la acción directa autónoma, y desde la movilización social solidaria, un verdadero proceso de revolución democrática y social liberadora".
* Equipo de Comunicación de la CTA Paraná
Fuente / Río Bravo
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