"De pueblo somos" se presentó en la Villa

Fue anoche en Villa Urquiza, más precisamente en la "Casa de poeta". De pueblo somos, el dúo integrado por Lucrecia "Quequecha" Brasseur y nuestra querida amiga y compañera de laburo por muchos años Claudia Rutar, nos ofreció un hermoso repertorio de la música popular argentina, que estuvo acompañado por la voz y la guitarra de Flavio Valdéz.

 

Este recital fue el penúltimo de un ciclo que culmina el próximo viernes 2 de marzo con la presentación de Tamvós, y que se pudo realizar gracias a la energía y el entusiasmo de Mario Martínez.

Los docentes entrerrianos marchan a Casa de Gobierno el lunes

Por Ignacio González Lowy 

 

 A pesar de los descuentos, de los aprietes y de toda la batería de desinformación instalada desde el oficialismo (¡viva la “Ley de Medios”!), los docentes entrerrianos nucleados en AGMER definieron iniciar un nuevo plan de lucha.

De este modo, los maestros y profesores entrerrianos le dijeron a Urribarri y su gobierno que no le creen cuando dice que “éste es el mayor esfuerzo que podemos hacer”. El “aumento” otorgado no es tal, es un reajuste por la inflación, y un gobierno que se precie de nacional y popular (aunque sus prácticas vayan a contramano en esas dos avenidas) no debería vanagloriarse de tener superávit y las cuentas claras, mientras los docentes están bajo la línea de pobreza, las escuelas se vienen abajo y en los comedores escolares los maestros y ordenanzas hacen malabares para llenar la barriga de cada gurí con $2 por día.

Mientras los noticieros del mediodía y los diarios del día festejan que el lunes las escuelas de Entre Ríos abrirán sus puertas, impecables y límpidas, inmunes a cualquier roce con la realidad real de la provincia; los docentes se preparan para marchar el lunes a Casa de Gobierno. Allí, buscarán gritar lo suficientemente fuerte como para que desde dentro Urribarri escuche (y “se entere”, como dice la canción que siempre entonan) que no debería estar allí como delegado del gobierno nacional sino como representante del pueblo entrerriano. Como, a estas alturas, los docentes y buena parte de la sociedad saben que esto es imposible, entonces se plantean arrancar con la lucha lo que no se consigue en la mesa de negociación (que, de hecho, el gobierno nunca convocó).

Los “padres” de sus alumnos, trabajadores ocupados y desocupados, comerciantes, profesionales; otra vez estarán ante la disyuntiva: creerle al gobierno y su batallón de periodistas adictos, que los docentes son vagos y ambiciosos; o entender que con un salario de $2.300 no se puede vivir, y que cada nueva suma “en negro” (aunque la lucha encabezada por AGMER haya logrado una reducción drástica de estos montos) es otra puñalada más en la espalda de los jubilados, de los usuarios de la obra social y, dicho sea de paso, de la flamante Constitución de la Provincia de Entre Ríos.

El lunes 28 no hay clases en Entre Ríos, aunque la dirigencia kirchnerista de CTERA, más preocupada en defender al gobierno (que, casualmente, en este caso es también la patronal) que a sus representados, haya firmado y sostenido que en el país el ciclo lectivo puede comenzar normalmente. El lunes, en Paraná, los docentes de toda la provincia marcharán a Casa de Gobierno. Mientras tanto, Urribarri sigue sacando cuentas con las encuestas para ver cómo llega a las elecciones. Cuidado gobernador… no vaya a ser que en las calles se exprese y crezca la bronca, y la burbuja blindada que lo protege del mundo que está por fuera de su rosca con Benedetti y Busti, termine por quebrarse.

 

Fuente / Río Bravo

Ningún gurí nace ladrón

Bajo el lema "Imputabilidad: un paso atrás para los derechos humanos. Lo que hay que cambiar es el modelo", la CTA Paraná emitió un documento fijando su posición contraria a la baja en la edad de imputabilidad de los menores.

A continuación, el texto de la declaración firmada por Ricardo Sánchez y Mauricio Castaldo, secretario general y de Derechos Humanos de la Central de Trabajadores de la Argentina de Paraná:

"Creemos que es muy importante, en este momento, marcar nuestra posición política con respecto al debate que se está dando sobre la baja a la edad de imputabilidad. En primer lugar, no acordamos y lamentamos las afirmaciones de la Presidenta de la República, quién entiende -por un lado- que «parece lógico reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años», y por el otro, que «de todas maneras la baja de edad no resuelve nada» y que «se necesitan buenas instituciones policiales, judiciales y educativas».

Lamentamos que, quienes dicen ser parte de un pensamiento nacional y popular abandonen tan abruptamente aquella consigna histórica expresada por el propio Juan D. Perón y la abanderada de los humildes Evita, quienes supieron firmar y proponer que en Argentina los únicos privilegiados debían ser los niños.

La lógica que la presidenta expresa, junto a buena parte del arco político argentino, es la lógica conservadora de las políticas neoliberales, que tanto han castigado a nuestro pueblo. Es la lógica perversa que se expresa, de una parte, por no intentar modificar las estructuras profundas de un poder económico y social concentrado y excluyente, y por el otro, profundizar el castigo, el disciplinamiento social y la represión a quienes son parte de las consecuencias del propio modelo económico y político injusto, marginador, empobrecedor, excluyente y corrompido de tal manera en buena parte de sus instituciones que cierra fuertemente la salida a la descomposición social.

Y no entendemos entonces, si la baja de edad no soluciona nada -cuestión que nosotros también afirmamos, pero con otros fundamentos-, para qué la presidenta habla de la «lógica de bajarla». Necesitamos un debate político, social y de Estado más serio, más coherente y más profundo. Lo mismo cuando discutimos sobre mejores instituciones: ya es tiempo de que el gobierno argentino deje de comentar la realidad y piense democráticamente políticas para transformarla.

No coincidimos también con algunas voces supuestamente opositoras que, en el fondo, expresan la misma lógica política excluyente y conservadora. Tal el caso de aquellas y aquellos que irresponsable y retorcidamente dicen que «si los menores fueran a juicio dirían para quién roban y caerían políticos». El sistema político, la justicia y la sociedad deberían usar y/o construir las herramientas y las luchas necesarias para generar derechos y justicia, sin encerrar cobardemente a los menores de edad, marcándolos como chivos expiatorios.

Disentimos con la Presidenta y con los dirigentes que piensan como ella o parecido a ella, en pensar que el Régimen Penal Juvenil y la baja de la edad de imputabilidad son «una adecuación a los tiempos». En realidad, son una adecuación al pasado, son una lamentable continuidad de la lógica ideológica dominante de los ‘90, y un paso atrás para los derechos humanos en Argentina.


Lamentamos profundamente que, desde los asesinatos políticos a Mariano Ferreyra, Roberto López y Sixto Gómez (en Formosa) y la represión a los sin techo y sin tierra que peleaban por un poco de dignidad en el Parque Indoamericano, el debate político y mediático argentino se ha derechizado tanto que ya nadie habla, ni puede decir, ni pedir -desde los sectores oficialistas- que «no se le haga el juego a la derecha».
 
Nos preocupa y nos alarma también que buena parte de la sociedad argentina caiga en esta lógica política simplista y excluyente, y que ya haya bajado de hecho la edad de imputabilidad. Toda la sociedad debe superar la estrechez de las simplificaciones y las generalizaciones, que sólo tienen por consecuencia el incremento de los dramas sociales, de la injusticia y de la complicidad cobarde con políticas opresivas -ahora contra los menores- que sólo llevan al desarrollo del círculo vicioso de la desigualdad, la supervivencia como se pueda, y la frustración.
 
El pueblo debe pensar y luchar por sus propias prioridades y no por las que se intentan imponer desde el poder. Una sociedad cobarde se agrede a sí misma, una sociedad lúcida y valiente lucha unida por un horizonte mejor.
 
Para nosotros, el hambre es un crimen y ningún pibe nace chorro, ningún gurí nace ladrón. La CTA propone hoy pensar otras prioridades urgentes, para empezar a generar justicia distributiva real, tales como la verdadera universalización de la asignación por hijo, y un seguro de empleo y formación, entre otras cosas.
 
En Túnez, en Egipto, como en Bolivia, Venezuela, y como en muchos lugares de Nuestra América y del mundo, los pueblos no les echaron la culpa a los jóvenes de los problemas políticos y sociales, si no que salieron juntos a pelear por un futuro distinto, con libertad, dignidad y justicia.
 
En Argentina, necesitamos cambiar el modelo político y económico, y no profundizar el actual. La educación de los jóvenes es fundamental, pero ella sola no basta: necesitamos generar una serie de transformaciones estructurales, políticas, económicas, sociales y culturales, donde la devolución de recursos y de poderes a las provincias y la propia superación del concepto subordinado de provincia, sea uno de los ejes y una de las claves de reconstrucción de la soberanía particular de los pueblos y de un federalismo auténtico con justicia económica y social. Necesitamos generar desde abajo, desde la recomposición de fuerzas del campo popular, desde la acción directa autónoma, y desde la movilización social solidaria, un verdadero proceso de revolución democrática y social liberadora".
 
* Equipo de Comunicación de la CTA Paraná

Fuente / Río Bravo

Las clases no empiezan con normalidad

Desde la Seccional Paraná de Agmer ratificamos y hemos demostrado con creces nuestra intención de diálogo constructivo. Enfrente el Gobierno de la provincia de Entre Ríos ha demostrado su incapacidad y ausencia de voluntad política para dar soluciones a las demandas de nuestro sector.

Nuestras demandas son abarcativas. Distintas problemáticas se dan en nuestras escuelas. Ellas no solo son una estructura de material. En estas importantes instituciones de nuestra sociedad conviven por mucho tiempo personas con derechos constitucionales que bajo ningún pretexto pueden ser vulnerados. 

En síntesis, las clases no comienzan con normalidad porque  existen normas que resguardan los derechos esenciales de las personas, las cuales no se cumplen; las normas dicen:

• que hay derecho a la alimentación y con $ 2 no se puede alimentar a un niño,
• que hay derecho a la salud pero no se han desinfectado  a la fecha los tanques de agua, ni desmalezado las escuelas,
• que hay derecho a la accesibilidad pero la mayoría de las Instituciones no tiene lo mínimo indispensable para la Integración de personas con discapacidad,
• que hay derecho a tener docentes en las escuelas pero no hay cargos y hs. Cátedras con el recurso presupuestario necesario,
• que los docentes debemos concurrir con elementos necesarios e imprescindibles para nuestro trabajo escolar y el salario se utiliza exclusivamente para la manutención familiar,
• que los alumnos deben concurrir con útiles a clases, pero más allá de los anuncios oficiales de Canasta escolar económica,  para el 28 de febrero no hemos cobrado la ayuda escolar los trabajadores. El gobierno cree que los salarios que se perciben permiten un ahorro a las familias para afrontar a fin de mes los costos que demanda enviar nuestros hijos a las escuelas.

Por estas y muchas otras normas, es que aseguramos que las clases no empiezan con normalidad.